Fuente: El norte de Castilla/ Antonio G. Encinas
Hace dos años y medio, el grupo de investigación de Ángel Gato y José María Fernández –hoy decano de Medicina en la Universidad de Valladolid– se enfrentaba al adiós de un becario al que no había forma de renovar. Un médico de laboratorio, una especie rara, explican, que podía permitirles avanzar en una investigación sobre fecundación in vitro que buscaba mejorar el porcentaje de éxito en la implantación del embrión.
Sin ayudante no había investigación. Imposible. Y no había financiación para tener ese ayudante.
Hasta que apareció en escena, en una merienda entre amigos, un constructor al que José María Fernández le contó sus penas. Luis Prieto, fundador de Priasa, le dijo entonces que no se preocupara, que el dinero lo ponía él.
Y hasta hoy.
Cuatro pagos puntuales a razón de uno al semestre y sin visos de dejar de colaborar.
Un mecenazgo sin contraprestación, porque aquello de la nueva ley de mecenazgo, esa tantas veces anunciada, sigue sin concretarse en tinta y papel del BOE. Porque, por ejemplo, en la normativa sobre mecenazgo de 2003 se estipula que tendrán incentivos fiscales las donaciones realizadas a «las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a ellas».
Sin embargo, no se articula ningún mecanismo para que una donación concreta se pueda destinar, como en este caso, a contratar personal de laboratorio. Eso obligó a la Universidad de Valladolid a darle muchas vueltas a la burocracia hasta que encontró el modo de arreglarlo.
