Fuente: Gabinete de Comunicación de la UVa
La revolución digital está sacudiendo todos los ámbitos de nuestra sociedad. Ha cambiado la forma en que nos comunicamos, nuestra manera de trabajar, la forma en que compramos, recibimos formación o nuestro tiempo de ocio. Pero, como ha sucedido tradicionalmente, el desarrollo de la sociedad trae consigo, paralelamente, nuevas formas de cometer delitos.
Conscientes de la importancia de estudiar si la legislación vigente cubre estas nuevas situaciones relacionadas con el entorno digital, un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (UVa) formó hace diez años el Grupo de Investigación Reconocido (GIR) Derecho de las nuevas tecnologías y la delincuencia informática.
Como detalla su coordinador, el catedrático de Derecho Penal Ricardo Mata Martín, uno de los hitos en la conformación del Grupo fue la publicación a cargo de varios profesores de la UVa de la monografía ‘Delincuencia informática y Derecho penal’, uno de los primeros trabajos sobre la materia en España.
“La revolución digital es uno de los aspectos que más está cambiando la sociedad y tiene una importante repercusión en el Derecho. Se ha producido incertidumbre en este sentido, hay dudas sobre si las nuevas situaciones pueden ser abarcadas por la vieja regulación. El legislador ha tenido que intervenir para hacer visible de qué manera se pueden aplicar los tipos penales vigentes y en algunos casos se ha decidido crear un tipo penal específico. Ha sido por ejemplo el caso del fraude, con la creación del tipo penal especifico de estafa informática e incluso se ha creado otro sobre el uso de tarjetas. Otros, como el delito de amenazas, se puede seguir aplicando igualmente en Internet”, ilustra.
Fruto de estas necesidades de investigación surge el GIR en 2005. Varios profesores procedentes de diferentes disciplinas del Área de Derecho de la UVa que venían trabajando en el ámbito de las nuevas tecnologías deciden formar el Grupo.
“Creamos un grupo interdisciplinar, como requiere este tema, que afecta a prácticamente todas las ramas del Derecho (Derecho Penal, Mercantil, Civil, etc.). Investigamos en torno a la delincuencia informática, a la propiedad intelectual en Internet, a los medios electrónicos de pago, al comercio electrónico o a la tutela jurídica del consumidor y del empresario en Internet”, señala Ricardo Mata Martín, quien apunta que el Grupo está integrado además por Dámaso Vicente Blanco, Marina Echebarría Sáenz, Antonio Javato Martín, José Carlos Laguna de Paz, Iñigo Sanz Rubiales, Patricia Tapia Ballesteros, Raquel Guimaraes y Sergio Cuarezma.
Propuestas de política legislativa
Además de comprobar si la regulación legal resulta adecuada y suficiente, los investigadores formulan también propuestas de cambio legislativo en relación a estas líneas de trabajo. En este sentido, una de las insuficiencias que han detectado es la necesidad de plantear propuestas de política legislativa sobre el robo de identidad en Internet.
“Para algunos expertos el robo de identidad en general, y en Internet en particular, es el delito del siglo XXI. Se trata de un problema de mucha trascendencia y ahora mismo no tiene una respuesta bien meditada en el Código Penal. El robo de identidad genera una serie de consecuencias terribles para las personas, algunas terminan arruinadas y otras incluso detenidas por esa suplantación. Esto es algo que el legislador aún no ha trabajado y creemos que en este momento es el tema sobre el que se tendría que trabajar más”, añade.
El coordinador del Grupo, junto con el profesor de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Alfonso Galán Muñoz, presentó en un Congreso organizado por las Naciones Unidas una serie de propuestas de política legislativa sobre el robo de identidad.
Ricardo Mata Martín recuerda que la delincuencia informática plantea algunos problemas más allá del delito concreto, ya que se trata “de una delincuencia trasnacional mientras que la Ley Penal está basada sobre la Soberanía Nacional, y esto plantea muchos problemas por ejemplo qué país es competente para perseguir un delito o cómo investigar cuando los hechos proceden de un servidor que está en otro país”.
Redes sociales
El Derecho también está presente en otros ámbitos tecnológicos muy utilizados en la actualidad, como el de las redes sociales. Para el experto, existe un desconocimiento del alcance y la trascendencia jurídica que puede tener la emisión de opiniones inadecuadas en las redes sociales.
“El problema está en la base, las redes sociales están al alcance de todas las personas y son una herramienta muy útil pero a la vez sigue habiendo un cierto desconocimiento, quizás una cierta falta de formación y falta de conciencia de la responsabilidad que puede generar, por ejemplo, difundir imágenes íntimas. Internet es un mundo virtual pero no queda ahí, lo que sucede en Internet termina trascendiendo de la pantalla y saltando a la realidad, y repercutiendo en la vida real”, recuerda.
En los últimos años, el GIR ha participado en dos monografías, diversos libros colectivos, artículos en revistas especializadas, ha intervenido en diferentes cursos, jornadas y congresos, en un proyecto de innovación docente sobre ‘Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación’ y en varios proyectos de investigación y convenios en torno a temas como el Derecho Penal y la criminalidad informática, el comercio electrónico, los medios electrónicos de pago, la propiedad intelectual o el mercado electrónico.